La calidad del empleo y la protección laboral en Bolivia
Con la cercanía del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es oportuno analizar la situación del trabajo en Bolivia y, específicamente, cuánto hemos aprovechado el periodo de excepcional bonanza económica de la última década para mejorar la calidad del empleo y la cobertura de la protección laboral.
En América Latina, el contexto de incremento de la demanda y de los precios internacionales de las materias primas promovió la expansión del empleo y de los salarios, principalmente para los(as) trabajadores(as) menos cualificados(as) y, en varios países, al margen de la regulación laboral. Bolivia no fue una excepción a esta tendencia regional. La tasa de desempleo de la población entre 14 y 60 años bajó de 5,8% en 2005 a 2,5% en 2012, para volver a subir a 3,9% en 2015. De igual manera, la expansión del empleo ocurrió principalmente en el sector terciario, pasando de 53,6% a 62,1% de la población ocupada en este periodo, y las ocupaciones que requieren menos calificación fueron las que tuvieron mayor incremento de remuneración real; mientras que las ocupaciones más calificadas tuvieron una disminución del salario real.
La nueva dinámica laboral desde 2005 contribuyó significativamente para la disminución de los indicadores de pobreza y desigualdad de ingreso en Bolivia, siguiendo la tendencia en la región.
Sin embargo, es importante preguntarse si esta sensación de prosperidad es sostenible en el mediano y largo plazo, principalmente en el nuevo ciclo de caída de la demanda y los precios de las materias primas.
El análisis de la estructura ocupacional y de la calidad del empleo en este periodo indica que no hubo cambios significativos en Bolivia, con la continuidad de la alta concentración en ocupaciones no asalariadas, en unidades familiares y con menos de cuatro trabajadores. Es así que la población ocupada entre 14 y 60 años generando sus propias fuentes de ocupación, sea como trabajador por cuenta propia o como trabajador sin remuneración, pasó de 61,3% en 2005 a 58,5% en 2015; mientras que la población asalariada pasó de 38,7% a 41,5% en este periodo. La población ocupada en establecimientos de menos de cuatro trabajadores pasó de 61,5% a 63,5% en este periodo.
En relación con la calidad del trabajo, los cambios no fueron significativos en este periodo. Pese a la expansión de la cobertura de la seguridad social de corto y largo plazo entre 2005 y 2015, la mayoría de la población ocupada siguió sin seguro de salud y de jubilación. De esta manera la cobertura de la población entre 14 y 60 años afiliada a una AFP pasó de 17,3% en 2006 a 21,9% en 2015. La cobertura de seguro de salud pasó de 17,5% a 24,9% en este periodo. Los datos indican que alrededor del 75% de la población ocupada siguió excluida de la seguridad social.
Esta situación afecta a más de la mitad de la población asalariada y a la mayoría de la población no asalariada.
Otros indicadores de la calidad del trabajo son el grado de formalidad de la relación laboral medido por contrato laboral y la cobertura de los beneficios sociales. Se observa que entre 2005 y 2015 el 45% de los asalariados siguió sin contrato laboral formal. Si tomamos el aguinaldo como ejemplo de la cobertura de los beneficios sociales, los datos indican que 41,3% de la población asalariada (la única con beneficios) recibió aguinaldo en 2005 y 42,9% en 2015.
Considerando que la población asalariada representó alrededor del 42% del total de la población ocupada en este periodo, vemos que además de los asalariados excluidos de los beneficios sociales están los 58% no asalariados que directamente no son beneficiarios de aguinaldo o vacaciones, entre otros derechos laborales.
En términos de la desigualdad de género, la inserción ocupacional de las mujeres siguió caracterizada por trabajos por cuenta propia, en el sector familiar y en establecimientos de menos de cuatro trabajadores, esto es, trabajos al margen de la protección laboral. Las brechas de ingreso disminuyeron tanto por nivel de calificación, relación laboral y rama de actividad. Sin embargo, las diferencias de remuneración de las mujeres en relación con los varones todavía persisten.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística muestran que en el periodo de bonanza económica la estructura ocupacional y la calidad del empleo no presentaron cambios significativos. Con la caída de los precios internacionales de las materias primas y el achicamiento fiscal está la preocupación sobre la posible reversión de la expansión del empleo y de las remuneraciones en los trabajos menos calificados, y sus efectos sobre la pobreza y la desigualdad de ingreso en Bolivia.
Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.
