Corrupción en América Latina
Gracias a la autonomía del sistema judicial, el buen trabajo de los investigadores y la independencia de los medios de comunicación en Brasil, se están desnudando las entrañas de la corrupción. La sofisticación del esquema de corrupción sorprende a todos: la existencia de una unidad dentro de Odebrecht para manejar las operaciones de corrupción, el uso de bancos internacionales y la articulación de empresas fantasma para el lavado de dinero.
La desmoralización del sistema político brasileño está traspasando fronteras para alcanzar a gobiernos del continente en el mismo engranaje de desvío de recursos públicos vía construcción y compras públicas sobrefacturadas. Hasta ahora, los países involucrados en la conexión Odebrecht son Perú, Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado en esos países al menos 788 millones de dólares en sobornos entre 2002 y 2016.
La corrupción es uno de los más serios problemas que enfrenta hoy la región. En la última medición del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, seis de 20 países de la región alcanzaron el peor valor ya registrado. Bolivia ocupó el puesto 10 de 18 países analizados según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional.
Los escándalos de corrupción que sacuden la región están poniendo en jaque el sistema político y, en específico, las clases políticas independientemente de sus ideologías. Corrupción significa el mal uso del poder público para obtener ventajas ilegítimas. Las prácticas más extremas de corrupción incluyen el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude. Entre las prácticas menos extremas de corrupción están el uso discrecional de recursos públicos para obras superfluas, en detrimento de inversiones para satisfacer necesidades básicas de la población, como salud y educación. Si bien las magnitudes de la corrupción pueden variar mucho, la esencia del acto es el mismo. En su núcleo está el principio de sacar ventajas privadas en detrimento del bien común.
Los desafíos para enfrentar la corrupción en la región son enormes y varían de país a país. En primer lugar está el grado de autonomía del Poder Judicial para investigar y punir a los involucrados. En segundo lugar está el nivel de independencia de los medios de comunicación para informar sobre los casos de corrupción. En tercer lugar está el grado de intolerancia ciudadana y capacidad de movilización para presionar por investigaciones y puniciones a los involucrados, así como por reformas de prevención de la corrupción.
La marcha anticorrupción en Lima en el mes de febrero es un ejemplo de las movilizaciones ciudadanas. El motivo de la manifestación fue el pago de sobornos de Odebrecht en este país a dirigentes políticos con el fin de obtener contratos de obra pública como carreteras, gasoductos, líneas de metro, entre otras. En Perú, el escándalo alcanzaría a los gobiernos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. Entre las acciones en curso está la decisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de embargar cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos de Odebrecht y a otras siete empresas brasileñas (entre ellas las constructoras Camargo Correa y OAS). De igual manera está la emisión de una orden internacional de detención contra Toledo por la Fiscalía General de Perú.
Todavía no se sabe cuáles serán las consecuencias políticas del escándalo Odebrecht en la región. Sólo estamos en sus inicios. Por ahora se está discutiendo la apertura de una investigación regional sobre el caso con delegados de las fiscalías de los 15 países involucrados.
Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.
