Beneficios de la competencia en el transporte de gas natural: la experiencia de Chile

Para la introducción de gas natural a Chile se evaluaron distintas alternativas insti­tucionales que buscaban diversos objetivos: asegurar una oferta de energía suficiente y medioambientalmente consistente para una economía abierta al exterior, con un alto nivel de competencia; promover una fuerte participación del sector privado como prin­cipal motor del desarrollo, crear condiciones de largo plazo para sustentar el crecimien­to económico; introducir condiciones que permitieran el desarrollo de mercados com­petitivos y limpios; fijar y mantener reglas precisas y estables; y promover precios li­bres. Lo anterior se ha conseguido, a pesar de que la autoridad del momento buscó por diversos medios intervenir, a través de la participación de la empresa estatal ENAP. Co­mo competidora de los consorcios privados, además de proponer en 1994 un proyecto de ley para el sector que implicaba una importante intervención y regulación estatal en el mismo Ahora bien. La existencia de un marco legal innovador (Ley 18.856) y la dis­posición de privados a invertir bajo ese marco evitó la participación del Estado en el sector e impidió algunos cambios regulatorios inadecuados.

Es así como surge una estrategia institucional para el funcionamiento de la indus­tria que dejó al gobierno fuera de la discusión y liberó a la industria de la presión política, en la cual se privilegiaba la competencia entre privados y se minimizaba la regu­lación directa por parte del Estado Esta estrategia se fundamenta en la idea de que un marco institucional adecuado permite tener un sector competitivo, evitándose los tras­tornos que provoca el proceso político cuando detrás de un diseño de un marco regulatorio existe una fuerte intervención del Estado La estrategia seguida por Chile en el ámbito de la industria gasífera refleja que existen posibilidades de acotar la acción del Estado para el funcionamiento eficiente de las operaciones de transporte de gas natu­ral Si bien el Estado no puede sustraerse de la obligación de establecer reglas mínimas para la operación del mercado, la experiencia chilena muestra claramente que el sec­tor privado es capaz de hacer frente por sí mismo a las demandas institucionales que surgen producto de las características económicas del sector.

Ahora bien, la experiencia chilena es todavía muy reciente para hacer una evalua­ción más profunda de lo que ha sido esta estrategia de privilegiar la acción privada en el surgimiento de una institucionalidad para el sector Sin embargo, la competencia ge­nerada en los procesos de oferta publica, que terminó dando viabilidad económica a los proyectos que lograron concretar contratos de largo plazo en las mejores condicio­nes para los clientes, es un indicador de que. en las condiciones actuales, se ha conse­guido el desarrollo de un sector de transporte competitivo al tiempo de minimizar el aparato regulatorio del Estado Queda por ver cómo evoluciona el sector en el futuro, y si el incremento en el tamaño de los mercados genera las condiciones necesarias para que entren nuevos operadores locales, pudiéndose mantener de esta forma al margen la acción pública en materia de regulación de precios.