Deuda Social en Bolivia

Bolivia ha dado un gran paso hacia mayor justicia social al reconocer en la constitución política derechos que garantizan la educación universal y de calidad, cobertura universal de servicios de salud, trabajos de calidad, entre otros. El observatorio de la Deuda Social nace justamente del reconocimiento de esta “deuda” en el sentido de que estos derechos que fueron prometidos aún no son del todo cumplidos. A pesar de enfocarse en la situación de Bolivia, esta iniciativa se enmarca a nivel regional en la red ODSAL, que coordina los esfuerzos de las universidades católicas en Latinoamérica.

A partir del año 2017 la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” por medio del IISEC se une a esta iniciativa, con un primer informe de la situación de la deuda social, concentrándose en cuatro áreas prioritarias: pobreza y desigualdad, educación, salud, y el mercado laboral. De esta manera se ofrecen datos y análisis de indicadores que pretenden resumir y complementar una visión del progreso social en los últimos años y el estado actual del cumplimiento de derechos en las cuatro áreas de prioridad.

La situación de la pobreza en Bolivia ha mostrado un cambio considerable en los últimos años. Entre 2005 y 2015 la pobreza pasó de afectar al 60,6% de la población a ser un problema concentrado en el 38,6%. Sin embargo, las expectativas de crecimiento económico son menores al crecimiento sostenido en dicho periodo. Por lo tanto, existe el riesgo de que en los próximos años de menor actividad económica este progreso social sea revertido. Como ejemplo, el año 2015 se evidenció un incremento de la indigencia en 8  de los nueve departamentos de Bolivia. Aunque este no sea un resultado del todo robusto y pueda argumentarse que es sensible a la elección de la línea de pobreza, debería ser suficiente para comenzar a pensar en formas en las que se podría reforzar la posición de las familias que se “graduaron” de la pobreza en años anteriores. Por otro lado, la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso mantienen principalmente una cara indígena, lo cual puede estar siendo reforzado por disparidades en otras dimensiones.

Una de estas dimensiones es el acceso a servicios de salud. Se evidenció una brecha considerable en la atención del parto, la cual desfavorece principalmente a la población indígena de la región del Altiplano. En tanto, la proporción de hogares que tuvieron gastos en salud por encima del 40% de su presupuesto no alimentario muestra ser mayor en el área rural en 2015. Si vemos la tendencia esto no es necesariamente malo, dado que esto puede deberse a que las personas en áreas rurales deciden adquirir servicios de salud que antes no hubiesen podido acceder. Sin embargo, al comparar la diferencia entre áreas urbanas y rurales existe una brecha que debe solucionarse.

A escala nacional, las causas de muerte se han visto afectadas por el desarrollo. En los últimos años las causas de mortalidad en Bolivia se concentraron en enfermedades no transmisibles, las cuales al 2015 representaban el 77% del total de muertes. El cambio observado se debe tanto a la reducción de muertes por enfermedades transmisibles como al aumento de muertes por enfermedades no transmisibles. Esto implica un reto por mejorar la salud preventiva, la calidad de la alimentación entre otras medidas de prevención.

La educación ha mostrado un avance importante en el nivel primario. Es necesario reconocer las mejoras tanto de la cobertura como de la calidad de insumos dedicados a la educación primaria. En términos de asignación de recursos, Bolivia ha mostrado su compromiso, al tener uno de los niveles respecto al PIB más altos de gasto público en educación (7% en promedio entre 2006 y 2015) y de esa forma cumplir con la “prioridad financiera” incluida en la Constitución. Sin embargo, queda el reto de mejorar la cobertura en el nivel inicial y solucionar el problema del abandono escolar en el nivel secundario. El haber aprendido a hablar en un idioma indígena y el provenir de un hogar de ingresos más bajos siguen siendo barreras a una mayor educación, a pesar de los cambios en el sistema educativo. El problema es entonces un tema de efectividad del gasto. Una mejor administración de los recursos físicos y humanos puede llevar a mejoras considerables en términos de cobertura. En cuanto a las tasas de abandono, un escenario de retornos a la educación menores hace confuso el camino a seguir. A la vez, esto nos lleva a cuestionarnos sobre la calidad de la educación. Lamentablemente, a la fecha no existe información que permita juzgar en que situación estamos.   

La situación del mercado laboral permite entender mejor los cambios en la pobreza por ingresos. En los últimos 15 años, la mayor cantidad de recursos en la economía se destinó a fomentar el consumo, empleando y mejorando los ingresos laborales de gente con bajos niveles de calificación, ocupada principalmente en el sector terciario. Sin embargo, esto no necesariamente significa una mejora en las condiciones laborales. Se evidencia una pérdida en el poder de negociación de los trabajadores toda vez que los contratos con plazo fijo y la informalidad han incrementado, mientras la afiliación a una organización laboral ha disminuido. Se reconoce que la informalidad vista como la ocupación en una fuente laboral no regulada caracteriza a la fuerza laboral boliviana y plantea un reto a la hora de expandir la base de beneficiaros de la seguridad social. A pesar de ello, se evidencian avances graduales de cobertura, tanto en la seguridad de corto como de largo plazo. El reto hacia adelante es poder mejorar las condiciones laborales de estas personas; ya sea promoviendo su transición a sectores de mayor productividad, con mayor inversión y formación de capital humano, y repensando un sistema de seguridad social ajustado a las necesidades y trayectorias laborales de la mayoría. Bolivia ya fue la punta de lanza en la revolución del microcrédito; yo creo que también puede dar una solución que permita a las mismas personas ahorrar para asegurarse un futuro.  

La situación mencionada anteriormente incide más aún entre la población femenina, lo cual sugiere un tratamiento especial de esta población. Las desigualdades de género se han mantenido hasta 2015, tanto en términos de la participación en el mercado laboral, como en las horas de empleo y el ingreso recibidos por cada hora trabajada. Esto explica por qué el subempleo es eminentemente femenino. Entre 2005 y 2015, en promedio el 22,78% de las trabajadoras mujeres trabajaban menos horas de las que querían, o ganaban menos del salario mínimo a pesar de trabajar más de 40 horas semanales. En tanto, esto ocurría solo para el 11,87% de los trabajadores de sexo masculino. Por otro lado, las tasas de desempleo entre las mujeres también se mantienen más altas que para sus pares hombres. La mejor política no es obvia y merece mayor atención sobre los principales cuellos de botella que explican estos patrones. ¿Acaso la legislación laboral promueve mejores salarios y mayor contratación de hombres? ¿Es un tema de discriminación del empleador? ¿Es un tema de segregación a sectores menos productivos? ¿Es debido a la carga dispar en las labores domésticas y de cuidado?

Si bien ha existido un avance en los últimos años, la situación de muchas poblaciones es aún precaria y muchas de las brechas que observábamos hace diez años aún se mantienen. La situación es agraviada por un contexto de déficit fiscal y desaceleramiento económico que complica la adopción de nuevas políticas y reta al gobierno a ser creativo. Por otro lado, los problemas mencionados serían difícilmente solucionados en el tiempo que le queda al presente gobierno. Sin embargo, está en sus manos colocar en la agenda problemáticas de largo plazo y desarrollar la institucionalidad que permitirá darles continuidad a futuro. Es el objetivo del Observatorio de la Deuda Social apoyar este proceso e informar sobre su desarrollo.